SANIDAD

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Respuesta a los planes de Cospedal de privatizar la gestión sanitaria en Castilla - la Mancha

El plan de Cospedal no es más que el primer paso o el pistoletazo de salida para la privatización de la sanidad en Castilla – la Mancha. Y no es algo que hayan decidido sus sesudos asesores en estos días postelectorales mientras Rajoy decide en su hermético despacho el modo de apoyar las mismas iniciativas en el resto de sistemas sanitarios del país. No es algo que se le ocurriese cuando el pasado 19 de noviembre, en plena jornada de reflexión, anunció que paralizaba la construcción de todas las infraestructuras sanitarias aprobadas y/o comenzadas en Castilla- la Mancha, en un acto de “voy sobrao” como el ciclista que levanta los brazos y deja de pedalear antes de cruzar la línea de meta. Ni tampoco por consejo de los nuevos gerentes que el Partido Popular puso en los hospitales públicos de la región al acceder al gobierno, como el del hospital de Cuenca, recién importado de la Comunidad de Madrid tras poner en marcha el hospital de gestión privada de Aranjuez. Desde luego que a nadie escapa que no es una estrategia nueva por mucho que durante las elecciones se les llene la boca defendiendo la sanidad pública. No es nada nuevo y oculto porque lo llevan mucho tiempo llevando a cabo Aguirre, Camps, Valcárcel, Matas y otros en sus respectivas comunidades.
Aparte de las discusiones pertinentes sobre el origen y la realidad misma de la crisis financiera actual, ésta no deja de ser una simple coartada para interpretar el asalto final a un sistema público que, con todos sus defectos, ineficiencia y descoordinación necesarios de corregir, sigue siendo uno de los más eficientes a nivel mundial. Una coartada que le es útil a nivel mediático (gracias al control de los medios) para ocultar a la población las verdaderas intenciones, que no son recientes sino que vienen persiguiéndose, más cautelosamente que en los últimos meses, desde hace ya mucho tiempo.
Por supuesto que sanidad y educación suponen las principales partidas presupuestarias. No es de extrañar. También son las áreas de mayor interés para los españoles. En 2010 la sanidad lo era para el 29,2% y la educación para el 22,7% (mientras, que, por ejemplo, la seguridad ciudadana lo era para el 7,8%, la defensa para el 1,1% o los transportes para el 0,8%. Datos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, publicados en abril de 2011). Y tampoco duda nadie -o no debería hacerlo- que no son gastos sino inversiones estratégicas para el futuro del país y la equidad social. Pero tampoco son, pese a lo abultado de su presupuesto, la causa de la situación financiera actual. Hay muchos foros donde encontrar las causas de la crisis. Lo que sí supone este volumen de gasto es un pastel demasiado grande como para no atraer la codicia de los especuladores que se han lucrado masivamente a costa de llevarnos a donde estamos y que, especialmente ahora que se les ha acabado el lucrativo negocio de las infrestructuras faraónicas sin sentido, buscan hincar sus garras en él, convirtiendo un derecho de todos en un lucroso negocio para unos pocos.
Ésta no es una aspiración nueva. Muy al contrario, es una idea que nace ya con el triunfo del neoliberalismo radical de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido en los años ochenta. Y que asalta a la Unión Europea desde su mismo nacimiento con el Tratado de Maastritch el 7 de febrero de 1992, secuestrado ya por los grupos de presión neoliberales que han tramado la actual unión financiera de una Europa carente de cualquier unidad política que le sirva para hacer frente a los “mercados” que han acabado por desangrarla. Este Tratado de Maastritch es el que, argumentando la necesidad de crear las condiciones necesarias para la moneda única, establecía que el gasto público de cada país no superaría el 3% del PIB ni un endeudamiento público superior al 60%. Pero al mismo tiempo, y sin que la ciudadanía se percatase entonces de lo que esto iba a suponer, establecía un sistema de contabilidad que no contemplaba como “endeudamiento público” el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con el presupuesto público, o por servicios contratados por el sistema público con empresas privadas. Y de aquellos polvos, estos lodos.
Ni la mayor parte de los ciudadanos quisieron entonces darse cuenta de las intenciones de este incipiente mercado europeo ni lo difundieron los medios o los políticos responsables, que sí eran muy conscientes del compromiso que adquirían. Ésta como otras decisiones de aquel tratado envenenado respondían al interés en derribar las trabas existentes para que los mercados hincaran el diente en un pastel tan jugoso como la sanidad o la educación en unos países donde un avanzado estado del bienestar ponía freno a su avaricia, precisamente por la saturación de la demanda con unos servicios públicos casi universales y de calidad. Un empeño avalado por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial (con unas intenciones explícitas publicadas en su Informe sobre la financiación de los Servicios sanitarios de 1987 o en su Informe para el desarrollo del Mundo de 1993) o la Organización Mundial del Comercio, firmante en 1994 del Acuerdo general de comercio de servicios, acuerdo multilateral que apostaba por la liberalización y mercantilización del sector servicios y que comprometía, como uno de sus principales puntos, a los gobiernos firmantes a contraer compromisos de liberalización total o parcial en sectores de servicios esenciales y estratégicos como la sanidad o la educación.
Desde entonces todos los gobiernos españoles, tanto populares como socialistas, han sido fieles a los compromisos suscritos con sus dueños financieros y, cada vez con menor cautela, han ido dando los pasos necesarios para ir desmantelando el sistema público recién consolidado para preparar el asalto final que nos espera en los próximos meses. No era una tarea fácil porque los sistemas nacionales de salud europeos, uno de los pilares del Estado de Bienestar levantados a lo largo de muchos años gracias a las cotizaciones sociales, parecían una barrera infranqueable a la entrada del interés privado en el sector de los servicios públicos. Especialmente en estados nominalmente democrátios donde este desmantelamiento debía ser avalado en las urnas.
Pero los pasos diseñados en la hoja de ruta programada en los noventa para alcanzar el entonces difícil sueño de los especuladores de hacerse con el negocio de la salud se vienen cumpliendo paso por paso. Primero la separación entre la financiación y la provisión de servicios. Segundo la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Tercero la permeabilización de la provisión de servicios al sector privado, mediante dos estrategias distintas: privatizando la gestión y la inversión de los centros públicos, primada especialmente por el PP, o la subcontratación o externalización de servicios, que ha sido la fórmula preferida por el PSOE en los últimos años.
Llegados a este punto es el momento de dar el siguiente paso de una estrategia perfectamente planificada desde el inicio, la reducción de la oferta y la demanda con la coartada pertreñada en Maastritch e implantada ya hasta en nuestra Constitución del techo de déficit público (déficit contable que no gasto real, como ya vimos). Este cuarto paso que entonces se nos antojaba inviable ya lo tenemos sobre nuestras cabezas: “supresión de la universalidad de la asistencia pública y gratuita (este paso en nuestro país no será necesario porque pese a la idea general de su existencia y a una cobertura asistencial cercana al 100% la ruta programada ha abortado siempre los intentos de hacer efectivo el objetivo de aquella Ley General de Sanidad de hacer de la asistencia sanitaria un derecho universal para todos los residentes en España), la restricción de la cartera de servicios prestados a un paquete básico, la introducción del copago (que nunca ha llegado a suprimirse de la asistencia farmacéutica) y la reducción del número de camas y personal sanitario.”
Todo ello no por una crisis coyuntural reciente sino fruto de una ruta perfectamente planificada y llevada a cabo desde hace dos décadas, que nos ha dejado preparados para este último paso: la venta de la infraestructura sanitaria de provisión de servicios al sector privado dejando al sistema público como entidad financiadora (de determinados servicios a una parte de la población) y autoridad sanitaria.
Por eso que no es nuevo en España, y menos aún en otros países que comenzaron antes que el nuestro la senda de la privatización de la sanidad pública, como el Reino Unido o Canadá, no se sostienen ya los falaces argumentos sobre sus bondades que utilizaban (y utilizan) sus defensores. Justifican éstos la necesidad de la incorporación de la “iniciativa privada” en que el modelo público actual es un modelo desfasado y agotado, ineficiente e ineficaz, con una excesiva rigidez, burocracia, centralización y control que lo hace ingobernable por las limitaciones propias de la gestión pública, con poca flexibilidad para la gestión y contratación y necesitado de un endeudamiento insostenible para la modernización de las infraestructuras. No creemos que en esta lista de pecados del sistema público actual se nos escape alguna de las justificaciones propuestas así que podemos analizarlas una por una.
· El modelo actual es un modelo desfasado y agotado.
Es una afirmación tan genérica que es difícil su falsación. Sin embargo podemos aprovecharla para destacar el único punto en el que, al menos en parte, podemos coincidir con el gobierno de Cospedal. El sistema sanitario es franca y fácilmente mejorable. Y debemos agradecer, al menos en nuestra comunidad, al gobierno socialista el haber dado todos los pasos posibles para poner en bandeja al Partido Popular los argumentos con los que embaucar a los ciudadanos en este saqueo de sus derechos básicos. Es difícil ahora explicar que las grandezas del modelo de concesión privada se basan en la construcción de imponentes infraestructuras vacías de capacidad asistencial real cuando es lo que la gestión pública ha venido haciendo durante años. Es difícil advertir de los riesgos de la privatización de la sanidad cuando, desde otro modelo, se ha destinado una ingente cantidad de recursos a la concertación con centros privados para la reducción de las listas de espera, único parámetro tenido por importante por los políticos y sus intereses electoralistas, retrayendo recursos que deberían haber solucionado los problemas de base que creaban esas listas de espera. Es difícil defender la honestidad cuando durante décadas se ha permitido todo tipo de irregularidades en aspectos como las incapacidades laborales transitorias o permanentes o las libranzas o incluso se ha fomentado desde un total oscurantismo enormes diferencias en las retribuciones de trabajadores de igual categoría. Es difícil defender frente al gobierno entrante la necesidad de una gestión exclusivamente pública cuando el saliente ya hace tiempo que subcontrata desde la limpieza de los hospitales hasta el control de calidad asistencial hospitalaria a empresas privadas o cuando las irregularidades en las contrataciones son la norma. Es difícil incluso defender la actuación de los sindicatos cuando, tras caer en los mismos intereses que los partidos políticos, se preocupan más de su cuota de poder electoral que de la defensa real de los trabajadores al ignorar a todos aquellos que no votan en la elección de los representantes sindicales, léase parados o subcontratados. Y es difícil hacer entender en la eficacia de un sistema que al introducir criterios importados de la gestión privada permiten cobrar sueldos millonarios en actividad extraordinaria precisamente a quien desarrolla con menor eficacia su actividad durante la jornada ordinaria.
Pero es importante esforzarse en hacer entender que son precisamente estos males que amenazan gravemente al sistema público de salud actual los que, no solo no van a desaparecer con una gestión privada, sino todo lo contrario, porque son precisamente defectos de la visión privada de la gestión sanitaria ya introducidos en el sistema. El sistema actual necesita una reforma en profundidad para no acabar siendo efectivamente un sistema desfasado y agotado, pero precisamente en la dirección opuesta a la planteada por el ejecutivo regional.
· La gestión privada de la asistencia sanitaria es más eficiente y eficaz.
Por supuesto que la afirmación como tal es no solo falsa sino absurda. La calidad de la gestión dependerá no de si es pública o privada sino de la calidad de sus gestores. Otra cosa muy distinta es que la gestión de lo público en este país nos tenga acostumbrados a que gestión pública es sinónimo de mala gestión. Pero eso no es cosustancial al ámbito público sino que es consecuencia directa de que tanto el Partido único del franquismo como los dos Partidos únicos de la transición han puesto siempre por delante sus propios intereses a los de la ciudadanía y los políticos profesionales han entendido que en su carrera política era mucho más importante la lealtad al partido que a los ciudadanos a quien servían. Y estos partidos, por tanto, han puesto siempre en los puestos relevantes no a gestores íntegros y capaces sino a aquellos cuya ansia por trepar en la carrera política profesional les permitiese acatar cualquier orden sin rechistar, por arbitraria e irracional que ésta fuese. Pero esto no es algo que lo solucione la gestión privada. Ella tampoco obedece a los intereses de los ciudadanos, sino a los beneficios de sus jefes o, en el caso de estos, a los de su accionariado.
Por otro lado es muy importante distinguir en la gestión de los servicios sociales la eficiencia y la eficacia de la rentabilidad, o bien entre la rentabilidad social y la económica. La manipulación neoliberal de los medios nos hace tragar como axiomas que aquello que no es rentable debe desaparecer. Incluso si realizamos un análisis más profundo que al que nos tienen habituados, podemos llegar a la conclusión de que incluso en términos económicos una población más cohesionada, más solidaria, más igualitaria, con mejor salud y con mejor educación suponen a la larga un claro beneficio incluso económico para el país en su conjunto. Pero incluso para quien no quiera entender este argumento, claramente relacionado con una postura política de izquierdas, los servicios sociales básicos no deben guiarse por unos criterios estrictamente económicos de rentabilidad. Por supuesto que la sanidad no es un negocio rentable en estos miopes criterios. Simplemente la salud es un derecho que debe garantizar el estado y todos los ciudadanos debemos esforzarnos, en la medida de las posibilidades de cada cual, por puro deber moral, en mantener los recursos que permitan garantizar al conjunto de los ciudadanos tal derecho.
La gestión de las mutuas privadas de salud nos tienen muy acostumbrados a qué es desde su punto de vista la rentabilidad de la sanidad, haciendo cargar al sistema público, sostenido por todos, el coste de la asistencia sanitaria que deja de ser rentable. La rentabilidad en asistencoia sanitaria sólo se consigue renunciando a la asistencia de aquellas personas que suponen un “coste inasumible” para dicha rentabilidad: ancianos, enfermos crónicos, áreas rurales o escasamente pobladas, población marginada, parados de larga duración sin prestación de desempleo,… Renunciando o deteriorando su asistencia la rentabilidad económica del sistema de salud aumentaría, por supuesto. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar el precio moral de tal decisión y de las consecuencias sociales, e incluso económicas a largo plazo, de tomarla. El sistema público de transplante de órganos, del que somos líderes mundiales, es otro caso de absoluta falta de rentabilidad económica. ¿tan seguros estamos de querer renunciar a él?
· La sanidad pública tiene una excesiva rigidez, burocracia, centralización y control que lo hace ingobernable por las limitaciones propias de la gestión pública.
Aun cuando suelen unirse estos cuatro conceptos, considerados como inherentes a la gestión pública, suponen cuatro aspectos que deben analizarse por separado. Si por excesiva rigidez se entiende una falta de iniciativa e innovación por parte de los gestores públicos actuales y pasados podemos coincidir con ello, pero en modo alguno este problema se debe a una característica cosustancial de la gestión pública. Ni mucho menos. Es simplemente uno más de las muchas y nefastas consecuencias traídas por el sistema bipartidista blindado de este país. Un sistema que frena el acceso a los cargos políticos o técnicos relevantes a aquellos con verdadero interés de servicio a los ciudadanos y desarrolla un sistema clientelar que centra el interés del que accede al cargo no en la satisfacción de los ciudadanos que es ante quien debería responder sino en la lealtad al partido que es en última instancia de quien va a depender su ascenso en la carrera profesional o política. Un clientelismo que hace al político profesional entender que los servicios públicos funcionan por inercia y que su principal (y con frecuencia única) misión es acatar sin discusiones las órdenes del partido y evitar escándalos que lo hagan aparecer en la prensa y comprometer votos en las próximas elecciones.
La crítica a la excesiva centralización es cuando menos curiosa al darse inserta en el mismo discurso que acusa como principal causa de la inviabilidad del sistema sanitario a la descentralización en 17 sistemas autonómicos distintos. El problema no es por tanto de centralización o descentralización, sino, a lo sumo de una cantidad de excesiva de escalones intermedios, los cuales, a su vez, rehúyen de asumir las competencias de las que son responsables.
El problema de la burocratización es un aspecto que depende directa y exclusivamente del gobierno autonómico y en sus manos está el modificar los aspectos legales que hipertrofian los trámites administrativos innecesarios. Si existen estos, la obligación de la Cámara es realizar las modificaciones necesarias para su simplificación. Lo que no tiene ningún sentido es utilizar este argumento para introducir o aumentar el concurso de entidades privadas cuya participación en todo caso lo que hace es aumentar notablemente los trámites administrativos y burocráticos. Por supuesto, una burocracia sólo necesaria si se quiere mantener un control del destino de los recursos económicos utilizados.
Acabamos, por tanto, en el único aspecto que realmente interesa a los defensores de la privatización de la gestión pública, el “excesivo” control por parte de las administraciones. En los puntos anteriores, rigidez, centralización y burocratización podemos coincidir en parte con el problema que pueden suponer sus excesos y donde no coincidimos es en que la gestión privada sea solución alguna a estos problemas, pudiendo, en todo caso, agravarlos. Pero en este aspecto rechazamos frontalmente la idea de que el control de la administración y los ciudadanos de los recursos empleados en desarrollar servicios públicos pueda ser en ningún caso excesiva. De hecho lo que se hace necesario es un mayor control y transparencia de dicho uso. Y es precisamente el Partido Popular y la infinidad de casos de corrupción en los que se haya inmerso los que nos han demostrado fehacientemente dicha necesidad. No es el momento ni hay tiempo ni espacio de repasar brevemente todos estos casos, pero baste como ejemplo de lo que entienden los Populares por el beneficio de un menor control administrativo las recientes declaraciones del expresidente balear Jaume Matas a propósito del desfalco a las arcas públicas cometidas con la mediación del Instituto Nóos y su presidente Iñaki Undargarín. Matas admitió ante la Fiscalía anticorrupción que se falsearon las actas de la Fundaciò Illesport simulando un acuerdo por unanimidad de una reunión inexistente. Pero aún más revelador que el hecho en sí, es su justificación basada en que en este tipo de irregularidades son “una práctica habitual” en estas entidades públicas “sujetas en su modus operandi al derecho privado”.  No nos cabe duda, ni nos dejan dudas sus prácticas habituales, que vean como un beneficio la falta de control de sus actividades, pero, por ello mismo, no creemos necesarias más explicaciones sobre el motivo de nuestro rechazo.
· La gestión pública dispone de poca flexibilidad para la gestión y contratación.
No es éste un argumento distinto del utilizado con tanta insistencia como equivocación por parte de la CEOE y el sector más rancio del empresariado español. Estamos acostumbrados a los informes económicos de entidades internacionales que coinciden en centrar los problemas del tejido empresarial español en su escasa eficiencia y productividad, pero seguimos sin darnos cuenta de que una mayor flexibilización laboral (eufemística traducción literal de abaratamiento de los despidos y universalización de los contratos temporales) puede reducir los costes empresariales pero siempre en perjuicio de la productividad y competitividad empresarial. No se trata tanto de defender los derechos adquiridos por oposición pública del personal estatutario, sino de hacer ver que la solución a los males que afectan a nuestro sistema de salud pasa precisamente por una mayor implicación de los profesionales en la gestión de los centros sanitarios, algo sólo posible con una mínima estabilidad laboral. El recurso a contratos temporales de profesionales poco implicados con la empresa contratante y poco formados e integrados en su centro de trabajo redunda tan sólo en una merma importante de la calidad asistencial. Podemos preguntar al respecto a los usuarios y profesionales que sufren la gestión privada en las comunidades gobernadas por los Populares, pero, sin necesidad de ello, los castellano-manchegos tenemos ya la experiencia de cómo el modelo de “contratación por prestación de servicios” del grupo Capio Salud, principal beneficiario de la privatización encubierta de la asistencia sanitaria del gobierno socialista, consigue únicamente aumentar enormemente los costes y reducir drásticamente la calidad asistencial. Es precisamente esa cesión a la gestión privada en parte la responsable de la inviabilidad y escasa valoración por los usuarios de los hospitales comarcales de la Mancha, con varios servicios asistenciales abiertos mediante modelo de subcontratación privada, para los que ahora se propone, como solución, precisamente un aumento de la participación privada en su gestión.
· El modelo público necesita un endeudamiento insostenible para la modernización de las infraestructuras y el concurso de la iniciativa privada permite la transferencia de riesgos hacia éstas.
Este último es, sin duda, el argumento más manido en los últimos meses. No es el lugar de insistir en que la crisis actual no es un debida a un endeudamiento excesivo (endeudamiento debido en todo caso a la inversión de una ingente cantidad de liquidez para salvar los mercados financieros) sino a la dificultad por obtener crédito de dichos mercados (salvados con recursos públicos) y al estancamiento de la actividad productiva (agravada por las medidas de austeridad exigidas por dichos mercados). Pero sí es necesario remarcar que el problema de financiación de la sanidad y el resto de servicios públicos no es debido a un excesivo gasto. Aun siendo discutible en qué se han destinado los recursos de que se disponían, la cantidad de fondos destinados a inversiones (que no gasto) en asistencia sanitaria y prestaciones sociales son muy inferiores a la media europea. Sin embargo es cierto que la actual crisis de financiación (provocada por los dueños del capital) es el principal argumento de estos mismos para acusar a los estados, nacional y autonómicos, de gastar por encima de sus posibilidades. La forma que utilizan para vendernos sus soluciones es suspender inicialmente la realización de todas las infraestructuras sanitarias y después traer, cual Mesías salvador, al capital privado a hacerse cargo de la inversión inicial a cambio de un canon por el uso de dichas infraestructuras durante un tiempo prefijado que puede oscilar entre diez y treinta años. La ventaja inicial de la no necesidad de un crédito para la construcción de la infraestructura se cambia por una hipoteca de un coste hasta diez veces superior en los años siguientes. De nuevo la miope visión cortoplacista del sistema bipartidista de alternancias sucesivas que busca el rédito electoral a corto plazo a expensas de hipotecar los recursos a medio y largo plazo.
La transferencia de riesgos hacia el capital privado es otra de las grandes falacias de este sistema. Los adoradores del capitalismo han defendido siempre la ventaja de un sistema de libre mercado en el que las empresas menos eficientes se ven condenadas por la competencia en el mercado a mejorar o acabar quebrando, en una especie de selección natural que permite la supervivencia sólo de las empresas más eficientes y productivas. Este viejo esquema que podría, en parte, tener valor en la economía de hace un siglo, ya no es válido en el escenario económico actual donde las corporaciones ya son demasiado grandes como para que el sistema se pueda permitir su quiebra, pero menos lo es en el de la cooperación público-privada, donde ni hay un mecanismo de competencia como tal ni es posible la quiebra de los menos eficientes. Un hospital privado en Madrid puede quebrar y tener que cerrar sus puertas por una mala gestión, pero esto es algo inasumible en un centro público por muy privada que sea la gestión. ¿acaso el hospital de Cuenca, el único en la provincia, puede cerrar si los gestores privados lo llevan a la quiebra? Aparte de lo absurdo de tal posibilidad, la experiencia de hospitales público-privados es un rosario de casos de renegociación al alza del canon anualcuando la gestión ocasionaba pérdidas. Como en tantos otros ámbitos en los que ya nos están acostumbrando a tal esquema, la colaboración público-privada en sanidad supone que los beneficios son privados pero las pérdidas y los riesgos son públicos.
Por tanto, ninguno de los argumentos esgrimidos es válido y efectivamente el sistema de financiación privada de la sanidad pública ha fracasado en todos los países donde se ha instaurado. La misma Organización Mundial de la Salud advirtió ya en 2006 que “dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente más complejo y va, con frecuencia, en detrimento de la calidad”. Entonces ¿Cuál es el interés en este modelo? ¿dónde están sus beneficios y cuáles son sus beneficiarios? Por supuesto en primer lugar tenemos a los políticos corruptos a los que este sistema les permite un rápido enriquecimiento a través del aprovechamiento de los servicios periféricos y de su concesión a empresas donde ellos mismos o allegados tienen intereses personales. Pero aparte de estas sanguijuelas públicas, desgraciadamente tan frecuentes en nuestra política, el Gobierno en general recibe un beneficio a corto plazo con la entrada de un gran volumen de capital externo que permite el saneamiento de su plan contable y la reducción inicial del déficit y un gran rédito electoralista al acompañarse lo anterior de nuevas infraestructuras surgidas casi de la nada o sin coste. A medio y largo plazo, sin embargo, son los consorcios empresariales y los especuladores del mercado secundario los que obtienen unos enormes beneficios a costa de los cánones de explotación pactados que multiplican enormemente los beneficios conseguibles por otras vías. Y son estos beneficios del capital precisamente los perjuicios para el sistema público de salud que ve hipotecado su futuro, condenado a pagar unos costes anuales inasumibles que imposibilitan cualquier mejora futura, afectando tanto a los profesionales sanitarios en sus condiciones laborales como a los usuarios en la calidad de la prestación recibida. Una hipoteca a largo plazo que sí que muy bien puede acabar con lo que hasta ahora era un sólido sistema público de salud.
Por supuesto los argumentos del Partido Popular se basan siempre en su promesa electoral de garantizar una asistencia pública, gratuita y universal. La afirmación no debería sorprendernos estando como estamos acostumbrados a que los dos partidos mayoritarios no consideren las promesas electorales y el mismo programa electoral como un contrato vinculante con los ciudadanos que los eligen como sus representantes, sino como papel mojado que olvidan inmediatamente una vez que toman posesión de sus cargos.
Pero incluso si fuésemos tan ilusos de pensar que sus promesas suponen algún compromiso para sus acciones de gobierno, habría que analizar con detalle cual es el verdadero significado de estas promesas y qué entienden por pública, universal y gratuita
¿Qué es una sanidad pública?
Debería ser evidente que una sanidad financiada por los impuestos de todos y gestionada por las instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos, centrada como único objetivo en la calidad y equidad y en su función social de mejorar la salud de los ciudadanos, esos que con sus impuestos la costean. ¿es esa la sanidad pública que promete el Partido Popular? Ni mucho menos. Su concepto es muy distinto. Para ellos el adjetivo de “público” es aplicable sólo a quien realiza la financiación, siendo irrelevante que el encargado de la prestación de servicios sea la empresa privada. Así lo dice con la boca pequeña el Partido Popular y lo grita a los cuatro vientos CiU al salir a la luz su plan de trocear el Institut Catalá de la Salut y venderlo a un holding de empresas para que se haga cargo de la prestación de servicios. Da igual que tanto el laboratorio de privatizaciones desarrollado desde hace más de una década en nuestro país (fundaciones sanitarias, consorcios, empresas públicas, concesiones de obras públicas, concesiones administrativas,…) como el más antiguo del Reino Unido y otros países hayan demostrado a estas alturas con meridiana claridad la falsedad evidente de que la gestión privada dota a los hospitales de una mayor eficiencia, flexibilidad y gobernabilidad a un menor coste. Da igual que la falsedad del argumento de la transferencia de riesgos al capital privado se haya hecho evidente en varios casos de rescate o renegociación al alza volviendo al viejo esquema de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Da igual que el beneficio contable a corto plazo para ganar votos a base de inaugurar hospitales “gratis” hipoteque el gasto y las prestaciones sanitarias para las siguientes tres décadas. Da igual que se cambie la búsqueda de la salud del conjunto de la población por el lucro económico de unos pocos. Da igual. Basta con repetir las mismas mentiras hasta la saciedad en los medios de los que son propietarios, o hacer repetir a los tertulianos de turno que esto es lo moderno o que dada la crisis actual es la única alternativa para mantener una sanidad pública. Porque igual que no se les cae la cara de vergüenza al afirmar que dejar de contratar interinos no es despedir personal sanitario, tampoco se les cae al decir que vender las infraestructuras sanitarias a la empresa privada para despues pagar un canon por usarlas no es privatizar la sanidad.
¿Qué es una sanidad universal?
Desde luego sólo la que viene avalada por una ley que garantice dicha prestación a todos los ciudadanos residentes en el país en cuestión, lo que no podría ser de otra manera desde que la financiación procede íntegramente de los presupestos generales del estado y no de las cotizaciones individuales a la Segurudad Social.
En este caso no tememos que deje de serlo con un gobierno de derechas, simplemente porque (aunque pueda extrañar a muchos) la asistencia sanitaria no es ni nunca ha sido universal. Es cierto que las diversas puertas de entrada al derecho de asistencia sanitaria han ido aumentando progresivamente, la última con la Reforma de la ley General de Salud Pública el mes pasado, y la cobertura fáctica alcanza hoy casi al 99% de la población. Pero los intentos de declaración por ley de una cobertura universal han quedado siempre en dique seco. ¿Por qué esta resistencia a declarar realmente la universalidad de la asistencia si en la práctica es cercana al 100% pero con una maraña de títulos de derecho a dicha asistencia? La explicación es sencilla. Una ley que declare la asistencia sanitaria un derecho universal necesita para su derogación de otra ley que afirme explícitamente que deja de serlo. La situación actual, sin embargo, pouede ser recorrida en sentido inverso con total sigilo. Por supuesto la exclusión a la asistencia no vendrá (al menos en un primer momento) para las clases desfavorecidas, sino por el lado opuesto, el de las clases pudientes a los que se les financiará “su” sanidad por vías distintas a las del resto. Muy posblemente por la vía de la doble financiación, como veremos en la pregunta siguiente.
¿Qué es una sanidad gratuita?
Otro concepto que debería ser inequívoco pero que no lo es. Las constantes amenazas del copago desde hace tanto tiempo nunca han buscado su verdadera introducción, que todos los políticos saben que, aparte de su impopularidad y la potencial pérdida de votos que esta medida podría suponer, no supone ningún alivio financiero sustancial para el gasto sanitario. Su finalidad es otra. Por un lado hacer creer que con tal de conjurar la amenaza del copago, cualquier propuesta que, mentiras mediante, se nos venda como un ahorro de los “insoportables” costes del modelo actual debe ser aceptada sin protesta. La otra, aún más mezquina, es hacernos creer que mientras no se implante el copago, la asistencia sanitaria es gratuita. Dejemos de lado que en España la asistencia sanitaria nunca ha sido gratuita salvo para los jubilados pues en este debate se omite casi sistemáticamente el copago farmacéutico. Un copago además que no es similar para todos los usuarios pues funcionarios, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad en activo tienen una tasa de copago inferior al resto de beneficiarios del SNS. Pero dejemos este punto de lado porque un aspecto más importante y clave en los planes de privatización de la sanidad es que para considerar una sanidad pública como gratuita, no basta con que sea gratuita. No. Esa asistencia sanitaria debe ser gratuita y “de calidad”. De una calidad equiparable a la mejor de las opciones privadas, tal y como todavía ocurre en nuestro “desfasado y obsoleto” Sistema Nacional de salud. De lo contrario, y ese es su objetivo final, el sistema público acaba convirtiéndose en una asistencia de beneficiencia donde se acoge a todo el que no puede pagarse una asistencia privada pero con un estándares de calidad asistencial tan bajos que quien quiera (y pueda pagar) una asistencia óptima tenga que recurrir a la oferta privada.
La estrategia no debe extrañarnos pues es la misma que es utilizada en el otro sector clave de los servicios públicos que se está entregando a los que buscan hacer de ellos un negocio. Pero, como en aquella, con un tremendo agravante. Que el modelo elegido lo que consigue además es la fuga de los recursos de la financiación pública para sufragar los costes de la empresa privada. Algo que en educación lleva años funcionándoles a las mil maravillas con el concepto de educación pública concertada y que en sanidad empezará a funcionar con el término de acuerdo de financiación mixta pública-privada.
Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca
Cuenca, 8 de diciembre de 2012
Artículo publicado en los blogs de ATTAC España, ATTAC-CLM (descargable en pdf) y eQuo Cuenca
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¿Quién anda buscando quedarse con nuestra sanidad?


Con menos de un año en el gobierno castellanomanchego, Mª Dolores (de) Cospedal puede enorgullecerse de haber hecho méritos suficientes para ascender en su carrera dentro del Partido Popular a costa de demostrar repetidamente cómo es la alumna más aventajada en el perverso arte de vender a los ciudadanos que le otorgaron su confianza a cambio de beneficios personales, tanto económicos como políticos. En este intento por demostrar ser la Presidenta regional a la que menos le tiembla la mano al adoptar medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía por favorecer los distintos lobbies de poder que manejan las riendas del poder político, nuestra Presidenta a aventajado con diferencia a sus compañeros en muchos terrenos, uno de ellos el de la privatización de la sanidad.
En pocos meses de gobierno ha dejado establecidas las bases para ir más allá de lo que han osado en varios años sus compañeros de Madrid o Valencia. En los próximos meses tendrá preparados los trámites legales para llevar a cabo lo que otros no se habían atrevido, vender a precio de saldo los hospitales públicos más modernos del SESCAM que ya hemos pagado todos con nuestros impuestos para después volver a pagar un canon anual por sus servicios sanitarios. Inmediatamente vendrá la continuación de la construcción o ampliación, también iniciadas con dinero público, de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara mediante el llamado “modelo Alzira” extendido en la Comunidad Valenciana y recientemente importado también a la de Madrid.
Con la excusa de la crisis financiera, el déficit autonómico, la escasa “rentabilidad económica” de los nuevos hospitales construidos por el SESCAM o la incapacidad de las arcas públicas para acometer nuevas infraestructuras sanitarias, el proyecto de Cospedal en Castilla - la Mancha no es otro que adelantar por la derecha en la carrera de desmantelar el sistema público de salud para saciar la voracidad de las grandes entidades financieras que llevan décadas detrás de hincarle el diente al gran pastel que suponen los sistemas nacionales de salud de la vieja Europa. No es una carrera nueva y desde los años 90 tanto PP como PSOE han colaborado en esa siniestra andadura, pero ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caida del negocio de las infrraestructuras públicas, estos mismos inversores necesitan una mayor agilidad en el proceso de privatización de lo servicios públicos, el siguiente filón donde seguir enriqueciéndose a costa de nuestros derechos. Y nuestra Presidenta está dispuesta a ser la más servicial en proporcionarles esa carnaza.
Este proceso, decidido ya antes de las elecciones aunque no se mencionase nada de ello en el programa electoral, está siendo llevado a cabo ya por una asesoría multinacional, la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC), encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Jaume Matas, ex-Presidente balear y ex-Ministro de Medio Ambiente y actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, prevaricación,…. o el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. 
Pricewaterhousecoopers está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este páis a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directo de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción bajo el “modelo Alzira” del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como “lo peor de lo peor”.
Aunque los pliegos de condiciones que elabore PWC tendrán todo el formalismo de un concurso público, pocos dudan ya de que uno de los mayores beneficiarios de este regalo será Capio Sanidad, entre cuyos cargos podemos encontrar a Teresa Echániz Salgado, hermana del Consejero de Sanidad José Ignacio Echániz salgado, o a Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores (de) Copedal y, entre otras hazañas, uno de los principales responsables de la quiebra de CCM o miembro del Consejo de administración de Vértice 360, grupo privado de comunicación beneficiario de la mayoría de adjudicaciones de la privatización de los servicios informativos de Castilla-la Mancha Televisión (CMT). Encontramos también entre sus cargos directivos a otro ex-Consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, y entre sus principales accionistas y mano en la sombra de toda la trama a Rodrigo Rato, ex-Ministro de Economía, ex-Presidente del Gobierno, ex-Director del FMI y actual Presidente de Bankia. No por casualidades de la vida fue precisamente PWC la encargada de gestionar la fusión de Caja Madrid y Bancaixa en Bankia, convirtiéndose así ésta, junto con el Banco Sabadell (al que se le regaló la CAM tras ser rescatada con fondos públicos tras su quiebra) en los principales propietarios (junto con varias empresas constructoras y aseguradoras privadas de salud) del Grupo Ribera Salud, beneficiario de las concesiones de todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat Valenciana (Ribera, Manises, Denia, Vinalopó, Torrevieja,…) del Hospital Xeral de Vigo, del Hospital de Torrejón o del Laboratrio Central de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado mes de noviembre se dió como inminente la venta por 110 millones de euros de todo el entramado parásito de Ribera Salud a Capio Sanidad a quien se concedió la negociación en exclusiva, gestionada de nuevo, sorpéndase, por Pricewaterhousecoopers. Las noticias en los últimos días, sin embargo, apuntan que la oscura situación financiera de la trama sanitaria y desconfianzas mutuas han roto la negociación, entrando en la puja otros inversores privados que hace cuatro meses fueron descartados como Atitlan, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona Juan Roig. Precisamente Atitlan apunta como otro de los grandes interesados, junto a Capio Sanidad, en el negocio redondo de los hospitales “no rentables” de Castilla- la Mancha.

La estrategia privatizadora de la sanidad pública en Castilla - la Mancha

En el oscuro monopoly financiero que anda detrás de la privatización de la sanidad pública española, que mueve cientos de millones de euros y sucios clientelismos políticos, el bocado de los hospitales castellanomanchegos juega un papel importante en la pugna por un mercado que promete ingentes beneficios tanto a corto como a largo plazo cuando ni los ciudadanos ni los profesionales han sido informados de los planes previstos por nuestros gobernantes.
La pregunta que a todos nos asalta al observar el casino de influencias que pugna por hacerse con la gestión de nuestra sanidad pública es clara ¿a qué se debe este desmedido interés por hacerse cargo de la gestión de unos hospitales que el SESCAM asegura tener que vender o ceder a la iniciativa privada por no poder hacerles frente debido a su escasa “rentabilidad” cuando el único ingreso que recibirán estos corsarios de lo público seguirá siendo ese mismo dinero que todos los trabajadores aportamos con nuestros impuestos para el sostenimiento de nuestra asistencia sanitaria? La respuesta pero podemos encontrarla muy evidente en la experiencia de todos aquellos lugares que desde hace hace más de dos décadas antes de la excusa de la crisis están cediendo a este saqueo de los bienes públicos. Y se basa en tres grandes argumentos.
Por un lado el empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, enormemente favorecida por la salvaje reforma laboral, motivo de la primera huelga general del Partido Popular y a la que por falta de solidaridad y estrechez de miras muchos trabajadores del sector sanitario han decidido no secundar con el miope argumento de pensar que no iba con ellos. Una precariedad laboral, una ausencia de formación continuada, una mayor presión asistencial y un menor estímulo retributivo que en todos los países con experiencia en este camino han demostrado que tiene una incidencia directa en la calidad asistencial y en los ratios de todos los parámetros analizables (morbilidad, complicaciones, reingresos, mortalidad,…) pero que el empresariado español (no solo del sector sanitario) sigue manteniendo como única herramienta para aumentar sus beneficios. En la misma línea, y con las mismas consecuencias, una disminución de la calidad en el material utilizado (desde instrumental diagnóstico o quirúrgico a fármacos) huyendo del uso de los más eficientes, como es responsabilidad de una correcta gestión pública, para inclinarse por los que más beneficios aporten a las empresas distribuidoras cuyos intereses y accionariado comparten. Las estrategias son muy variadas y van más allá (aunque las incluyen) del aumento de la jornada, de los pacientes vistos en consulta o las camas atendidas por cada enfermera. Entre muchos otrso ejemplos podemos mencionar la sustitución de radiólogos de guardia, capaces de una mayor eficacia diagnóstica mediante el trato directo con el paciente, el diálogo con el médico que solicita un diagnóstico por imagen y técnicas inocuas como la ecografía, por la realización masiva de pruebas de TAC que someten a una dosis elevada de radiación innecesaria al paciente pero que, además de ser “bien vistas” por los pacientes, no precisan más que de un técnico y pueden ser informadas a destajo en un centro ubicado a cientos de kilómetros. Este es un problema que ha hecho recientemente saltar las alarmas en Estados Unidos donde un comité de expertos ha valorado en un 2% la tasa de los cánceres producidos en aquel país por la irradiación debida a pruebas inecesarias debidas a este modelo.
El segundo argumento de “rentabilización” de los centros sanitarios públicos de gestión privada es la selección de pacientes etiquetándonos como “rentables” o “no rentables”. La medicina privada a la que estamos acostumbrados en este país es la de pago por servicio prestado, donde el profesional médico facturaba sus actos médicos a la compañía de seguro sanitario con la que contratamos una póliza. En este modelo la tendencia es a incrementar sin límite las pruebas e intervenciones realizadas para engrosar la facturación, algo que, muy equivocadamente, algunos pacientes maliterpretan como una atención de mayor calidad. En el modelo de gestión privada de la sanidad pública, sin embargo, lo que se utiliza es un modelo de pago por cartilla donde las comañías de seguro privado se convierten (junto con otros socios financieros) en los proveedores de la asistencia y es el SESCAM el que paga una cantidad previamente acordada por la asistencia de cada enfermo durante un año, independientemente de la asistencia que éste necesite. En este modelo los beneficios del prestatario dependen estrechamente de limitar la cartera de servicios de los hospitales “periféricos” privatizados a prestaciones muy vistosas pero poco costosas, como la cirugía ambulatoria, mientras que los procesos más caros (como el recambio de una prótesis de cadera) o el 10% de los pacientes “menos rentables” como son los ancianos, los enfermos crónicos o los pluripatológicos, que suponen cerca del 90% del gasto sanitario, serán remitidos a los hospitales “de referencia” que seguirán siendo de gestión pública y donde, a pesar del deterioro progresivo de la asistencia, los costos serán mayores, permitiendo así además una regenociación al alza de las primas recibidas por los hospitales privados y el mantenimiento de la mentira de la mayor “rentabilidad” de la gestión privada.
La tercera pata sobre la que se sustenta el negocio es la apertura de los centros públicos a la asistencia de pacientes con pólizas privadas, tal y como ya ha comenzado a hacerse en los hospitales públicos catalanes. Con este modelo los hospitales de gestión privada y cartera de servicios “vistosa y rentable” llegan a un acuerdo ventajoso con las compañias de seguros privados (es decir, con ellos mismos) para utilizar las infraestructuras sanitarias que hemos pagado entre todos (ya sea vía financiación inicial o mediante un canon anual) para la atención de pacientes privados que podrán saltarse así las listas de espera que tendrá que padecer quien no disponga de póliza privada o de una buena Visa. De esta forma llegamos al más absurdo posible en la disución sobre el concepto de copago. No se trata ya de que la clase pudiente limite cada vez más su contribución solidaria a la asistencia sanitaria de los trabajadores y la población más desfavorecida (que es sencillamente en lo que consiste el tan repetido copago/repago) sino que seremos los trabajadores (los únicos que pagamos impuestos en este país, vía IRPF) los que comenzaremos a cofinanciar la asistencia sanitaria preferente de los más adinerados.
Por último, la tabla que se apoya sobre estas tres patas y que completa este pervertido sistema es una burda, pero eficaz, trampa financiera. Y es el incremento exorbitado del gasto sanitario que este sistema lleva implícito. No se trata por tanto, por mucho que así nos lo quieran vender, de ahorrar un gasto inasumible. Ese gasto se verá continuamente incrementado aunque la asistencia sanitaria se vea cada vez más detriorada en calidad y prestaciones, yendo directamente a engrosar la cuenta de beneficios de los causantes de esta crisis que ahora sirve como excusa para el desmantelamiento de los servicios públicos. La evidencia está al alcance de cualquiera, tento en los países que han transitado esta senda como el Reino Unido, como en nuestras comunidades vecinas de Valencia o Madrid. La inversión inicial por parte del sector privado (esa que el erario público no podía asumir) para la inauguración en 2008 de siete hospitales y un laboratorio central en la Comunidad de Madrid fue de 868 millones de euros. A día de hoy el pago del canon anual por parte de las arcas públicas a dichos inversores asciende ya a 990 millones de euros. Y de aquí a la finalización de la concesión, aun en el caso de que no se incremente el canon por encima de lo pactado (algo improbable) el dinero que habrá pasado del erario público a las cuentas privadas será de 6340 millones de euros. Más de siete veces superior al coste inicial.
La trampa para llamar a este despilfarro austeridad es una simple artimaña de contabilidad financiera. Y no precisamente un invento del gobierno actual. Como la estrategia de privatización de los sólidos sectores públicos de la vieja Europa viene de lejos, el Tratado de Maastritch, dirigido por el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, artífices principales de los dogmas neoliberales en todo el mundo y de sus devastadoras consecuencias, introducía unas claúsulas que pocos conocen pero que son una pieza clave para entender el negocio. Junto al compromiso de que el gasto público de cada país no supere el 3% del PIB ni el endeudamiento público sea superior al 60%, el Tratado recoge, textualmente, que “no se considerará endeudamiento público el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraidos por el sistema público con empresas privadas”. Esta simple aclaración permite comprender mucho mejor la enfermiza exigencia tanto de la UE como de los gobiernos del PPSOE por el “techo de gasto”, así como la intolerable reforma de la Constitución Española realizada por el gobierno en funciones anterior donde se grababa a fuego en la Carta Magna tanto la prioridad del pago de la deuda por delante de cualquier servicio básico a la ciudadanía como el compromiso de no superar el techo de déficit y deuda que marque en cada momento la UE. Por supuesto ésto no significa, por tanto, gastar menos, sino dejar de invertir directamente para destinar ese dinero (y otro tanto) en proporcionar beneficios a los inversores privados.
En resumen, un mayor gasto a cambio de una asistencia de peor calidad y más insolidaria  pero con un gran beneficio económico directo para los responsables de la gestión de nuestro dinero y nuestros servicios.

Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca
Cuenca, 28 de marzo de 2012
Artículo publicado en el blog de ATTAC-CLM

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Los recortes sanitarios y su repercusión en el Hospital de Cuenca

Las drásticas medidas de recorte del gobierno popular en Castilla - la Mancha ya están comenzando a tener serias repercusiones en la asistencia sanitaria a los ciudadanos conquenses. Plantas de hospitalización saturadas por el recorte en el personal de enfermería y el cierre de plantas. Listas de espera disparadas hasta el punto que el SESCAM ha dejado de publicar datos oficiales sobre dichas demoras, tanto en la primera valoración por parte del especialista como en las revisiones o la realización de pruebas diagnósticas. Demoras en la primera consulta de más de un año (independientemente de la urgencia del motivo de la derivación desde Atención Primaria). Pacientes con cáncer cuya operación se retrasa varios meses por el retraso en el estudio de extensión previo. Pacientes oncológicos a los que los TACs de sus revisiones se retrasan más de seis meses respecto a lo indicado por el oncólogo responsable. Agendas cerradas por tiempo indefinido. Citologías ginecológicas para el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix cuyos resultados tienen a día de hoy un retraso de más de cuatro meses. Fármacos imprescindibles para el tratamiento del cáncer o instrumental quirúrgico que los distribuidores ya no proporcionan al hospital por los impagos. Técnicas diagnósticas como la “biopsia con arpón” para las pacientes con sospecha mamográfica de un cáncer de mama que ya no se hacen en el hospital. Eliminación de servicios hospitalarios básicos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Caótica implantación de un sistema de historia clínica digital. Eliminación de conciertos sin soluciones alternativas, como las unidades de media y larga estancia para enfermos crónicos y ancianos, o la sustitución de algunos, como la logopedia, por otros de ínfima calidad sin ningún tipo de concurso público. Eliminación de prestaciones como la mayor parte de las pruebas metabólicas congénitas a los recién nacidos (prueba del talón). Suspensión de fondos a servicios como la unidad de cuidados paliativos. Eliminación de las sesiones clínicas hospitalarias y la posibilidad de formación continuada. Y suma y sigue. 
Drásticos recortes que afectan ya seriamente a la asistencia de ciudadanos con enfermedades muy graves, disminuyendo no solo su calidad de vida sino incluso sus posibilidades de supervivencia. Recortes machaconamente amparados en la falta de recursos cuando realmente lo único que buscan es justificar el desmantelamiento de la gestión pública de la salud y su conversión en un negocio rentable precisamente para esa minoría culpable directamente de la actual situación financiera del país. Recortes dirigidos única y exclusivamente a facilitar la aceptación ciudadana de la privatización del único hospital con que cuenta nuestra provincia. Una privatización que en modo alguno supone una mejor gestión o una reducción en los costes. Los enormes beneficios detraidos de las arcas públicas, único objetivo de los inversores privados, hace que el modelo privado no sea “algo” más costoso, sino, como demuestran la experiencia en Valencia, Madrid o el Reino Unido, hasta siete veces más caro que la financiación y gestión pública. Y, como la misma experiencia ha demostrado suficientemente, unido a una peor calidad asistencial y un deterioro de todos los parámetros sanitarios evaluables objetivamente.
Por ello las actuales medidas llevadas a cabo por el actual gerente madrileño de todo el área de salud de Cuenca (actualmente Gerencia Única de Atención Primaria y Especializada) no buscan una mejor gestión de los recursos disponibles (objetivo al que no van encaminadas ninguna de las medidas adoptadas) sino otras tres intenciones bien distintas:
En primer lugar la precarización laboral de los profesionales sanitarios mediante una reducción de los sueldos, un aumento del orario, una sobrecarga de trabajo y una reducción de plantilla que alivie el coste salarial a la empresa adjudicataria del nuevo hospital, aunque sea a costa de la calidad asistencial a los usuarios.
En segundo término la reducción progresiva de la cartera de servicios que vaya a costumbrando a los ciudadanos a que buena parte de su asistencia, especialmente la más costosa, se preste fuera de la provincia, en Albacete o Ciudad Real, a cientos de kilómetros de distancia, en aquellos hospitales que se mantendrán bajo gestión pública para la atención, cada vez más deteriorada y saturada, de aquellas patologías y pacientes “menos rentables”. Esta es una estrategia que los ciudadanos conquenses no parecen querer entender pero que convertirá el futuro hospital de Cuenca en un centro comarcal destinado únicamente al tratamiento de patología menor y a la rentabilización de su infraestructura por parte de los seguros privados, mientras que los pacientes con problemas graves de salud serían derivados a los centros públicos de Albacete o Ciudad Real. Una circunstancia más grave (por nuestra lejanía geográfica) que la que se va a dar en Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares o Almansa cuyos centros hospitalarios, por la modernidad de sus intalaciones, que no por su “falta de rentabilidad” serán los primeros en ser vendidos al capital privado para despues contratar sus servicios y donde, a diferencia de nuestra provincia, la ciudadanía está fuertemente concienciada y lleva varios meses organizándose y movilizándose en contra de tal despropósito.
Por último, toda esta batería de recortes que en ningún caso se acompañan de medidas para aumentar la eficacia de los recursos o la gestión, buscan, finalmente, algo tan simple como deteriorar al máximo posible la asistencia sanitaria del modelo actual para que cualquier opción, incluso su venta a entidades privadas, sea vista por una ciudadanía desesperada como una alternativa válida al caos y la degradación asistencial ahora comenzada y que se verán incrementados rápdamente en los próximos meses. Por ello no basta con denunciar deficiencias concretas sino que es necesario, ahora o ya nunca, frenar el despropósito que supone la venta de toda la infraestructura hospitalaria de la provincia a la empresa privada y su desmedido afán por conseguir reantabilidad a cualquier precio. No cuando ese precio es nuestra salud.
No podemos seguir instalados en el Ea! y seguir viendo pisteados nuestros derechos ciudadanos más básicos.

Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca
Cuenca, 30 de marzo de 2012
Artículo publicado en el blog de eQuo Cuenca

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La Gerencia del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca comienza el cierre de plantas


La Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca considera inaceptable el cierre de una planta del Hospital Virgen de la Luz, ya de por sí saturado. Pero tanto o más nos parece el intento por parte de la Gerencia del Hospital del uso constante de la desinformación, los eufemismos, el cinismo y la mentira para llevar a cabo sus planes de desmantelamiento sistemático de la sanidad pública en nuestra provincia a espaldas de la ciudadanía. Una práctica que no puede ser calificada de otra manera ante la justificación de que “no se trata del cierre de una planta sino de una reubicación de camas” que “no afectará en ningún momento a la calidad asistencial, ni a la plantilla del Hospital” *. 

Efectivamente una de las medidas tomadas directamente para conseguir la degradación del sistema público de salud es el cierre de una de las plantas del hospital, en concreto la 2ªB. Nos da igual que el cierre se hiciese con el traslado de los pacientes ingresados el 1 de abril, tal y como anunció la Directora de Enfermería (motivo de bronca por parte del Gerente por “facilitar información al enemigo”), o que, por presión de la opinión pública, hayan decidido primero dejar de realizar ingresos para efectuar el cierre cuando esté vacía. El cierre de una planta no consiste nunca en una “reubicación de camas” sino en la “reubicación de enfermos” en otras habitaciones. Así como en el despido del personal de enfermería (diplomadas y auxiliares) que cubren a turnos dicha planta o en la no contratación de personal interino y temporal en otras plantas, servicios o, incluso, hospitales del SESCAM y la reubicación del personal fijo de la planta cerrada en dichos puestos de trabajo. Para el caso es exactamente lo mismo. Quizá no una reducción de la “plantilla orgánica” (en la que sólo consta el personal con plaza fija) pero sí una reducción efectiva de los profesionales contratados para atender a los enfermos ingresados.

Si de algo no puede presumir nuestro hospital es de moderno, espacioso o sobredimensionado. Sufrimos desde hace ya muchos años precisamente un agobiante problema de falta de espacio. Un problema que debería estar al menos paliado con una ambiciosa ampliación que habría estado finalizada hace ya unos años de no haberse interrumpido justo antes del inicio de las obras por la decisión meramente electoralista de prometer un hospital nuevo que finalmente no servirá más que como excusa perfecta para permitir la privatización de la medicina pública en Cuenca. Un problema de espacio que obliga con frecuencia a habilitar terceras camas en habitaciones ya de por si pequeñas para dos enfermos. En tales condiciones, cuando continuamente superamos el límite de ocupación media exigible para poder absorber picos de demanda, hablar del “despilfarro económico” que supone “un elevado número de camas desocupadas de manera permanente” es una auténtica aberración en gestión sanitaria. Incluir en la justificación el fin del concierto de la atención sociosanitaria de la unidad de media y larga estancia que se había externalizado precisamente por la falta de espacio en el hospital y su absorción sin las medidas necesarias para ello, sobrecargando con ello más aún la asistencia, nos parece que supera los límites del desprecio a sus interlocutores.

Nos parece necesario explicar a los ciudadanos que la planta cerrada, la 2ªB, se encuentra normalmente ocupada por la Unidad de Corta Estancia de Medicina Interna (UCEMI), una de las unidades de mejor funcionamiento del hospital y que por sus características conseguía una importante reduccuón de la estancia hospitalaria de los pacientes allí atendidos con una alta calidad asistencial. Los cambios producidos por su cierre, aparte de una mayor incomodidad (con un claro aumento de las terceras camas por habitación) y una peor calidad de la asistencia recibida por estos pacientes y por los de las plantas donde sean reubicados, así como una mayor carga asistencial del personal de enfermería, producirán necesariamente un aumento de la duración de la estancia hospitalaria de estos pacientes y con ello un aumento del gasto. El resto de camas suprimidas eran utilizadas por los servicios de Endocrionología, Nefrología y Medicina Interna. Buena parte de estas camas, además, pertenecían orgánicamente al Servicio de Obstetricia y Ginecología donde es más importante que en otros servicios contar con un mínimo colchón de camas disponibles en caso de necesidad. Necesidad que viene dada por la imposibilidad de programación del momento en que las gestantes se ponen de parto y la necesidad de ubicarlas en la misma planta en la que se encuentran las salas de dilatación, el paritorio y el quirófano de cesáreasy por la extrema conveniencia de evitar en lo posible situaciones emocionalmente difíciles de compartir en una misma habitación como la de la mujer que acaba de abortar con la que acaba de parir y su hijo. Estas camas reservadas para necesidades obstétricas no estaban nunca desoupadas, sino que mientras no fuesen necesarias para este servicio, eran utilizadas por los otros servicios. Hablar de “despilfarro de camas desocupadas de forma permanente” para justificar el cierre de una planta que cubría esa doble función, ejemplar en la precocidad de las altas y cuya ocupación media anual estaba entre el 88,51 y el 97,74% (datos oficiales de la Gerencia del Hospital del perido 2000-2008), cuando los estándares internacionales de calidad aconsejan que dicha ocupación media no supere el 85%, nos parece el colmo de la desinformación, el cinismo y la mentira.

No podemos seguir permitiendo ni las continuas medidas tomadas en detrimento del derecho a una asistencia sanitaria de calidad ni el menosprecio hacia los profesionales y usuarios del sistema público de salud con el que nos tratan los políticos y sus gestores a la hora de maquillar y tergiversar la realidad.


Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca

Cuenca, 2 de abril de 2012
Artículo publicado en el blog de eQuo Cuenca





2 comentarios:

  1. Estoy muy de acuerdo cuando habláis del "neoliberalismo radical de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido en los años ochenta". Creo que es un fallo de mucha gente ver los "recortes" de forma independiente a otras "políticas", como la reforma del código penal que quieren hacer para que la resistencia pasiva sea un delito, que está haciendo el gobierno.

    Los mercados, que no es otra cosa que los intereses de los grandes inversores poseedores de las multinacionales, han conseguido imponer las tesis capitalistas más fundamentalistas salidas de la escuela de Chicago y de Friedman, que son las mismas que doctrinas que aplicaron Tatcher y Reagan. Sería conveniente saber también que antes ya las habían aplicado... Estas tesis se probaron antes en las dictaduras militares latinoamericanas que promovieron las multinacionales estadounidenses: Pinochet en Chile, Videla en Argentina, etc.

    Estas tesis de la escuela de Chicago se basan en tres pilares de actuación: menor inversión pública (lo que identificamos con lo que ellos nos presentan como "ajustes" o "recortes"), supresión de derechos de la ciudadanía (un buen ejemplo es la reforma laboral, la intención de tocar el derecho a huelga, o que pase a ser delito penal la resistencia pasiva y pacífica) y que los bienes públicos pasen a manos privadas (el miércoles pasado Rajoy dijo que tiene la intención de privatizar un buen número de empresas públicas... y estamos viendo sus planes para la sanidad y educación).

    Estas 3 líneas de actuación tienen un propósito bien definido: propiciar el mejor marco para que el beneficio de estos grandes poderes económicos que son estas gigantes multinacionacionales y empresas sea máximo. Podéis ver siempre las nefastas consecuencias que estas "políticas" han tenido en la inmensa mayoría de la ciudadanía. Hay un libro de Naomi Klein, "La doctrina del shock" donde os podréis documentar bien sobre el asunto.

    Además debemos hacernos una pregunta para la reflexión: ¿realmente estamos en una "crisis" económica? ¿Cómo puede ser entonces que en esta crisis, en el año 2011, estas grandes empresas y multinacionales hayan visto aumentados sus beneficios?

    Personalmente creo que la palabra "crisis" cuando la escucha la ciudadanía entra en un periodo de letargo y miedo que su juicio se ve completamente enajenado. El miedo nos domina y es entonces, y solo entonces, cuando aceptamos la reforma laboral, los terribles recortes en educación y sanidad pública, la nacionalización de la deuda privada...

    Creo que están utilizando la palabra crisis para provocar un "shock" en la ciudadanía para que acepte estas "políticas" que buscan exclusivamente que aumenten los beneficios de los poderes económicos ilegítimos e ilegales.

    Por eso creo que tenemos el derecho y la obligación de rebelarnos y luchar por lo que es de justicia... No podemos dejar que nos lo roben todo. Debemos luchar como ciudadanos. Debemos salir a las calles toda la ciudadanía junta.

    No podemos permitir que estos canallas nos roben nuestra felicidad y nuestro futuro, y además tenemos un compromiso con las generaciones futuras.

    Un saludo a todas las personas de la plataforma y me gustaría dar las gracias a la gente que ha impulsado esta iniciativa.

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  2. Hay que caer de una escalera, romperte el codo y la pelvis para saber que no puedes morir en Cuenca

    www.lacartadelabolsa.com
    Moisés Romero - Martes, 18 de Septiembre

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    escalera1 de septiembre, 10 horas y 30 minutos. Subí al altillo, cuatro metros de altura, a cerrar una pequeña puerta. Fijé bien la escalera de hierro. Justo cuando introducía la llave para cerrar, la escalera comienza a deslizarse y a continuación vuelca hacia un sitio y yo hacia el contrario. Golpe atroz desde esa altura. Me miro el brazo y veo el codo hecho añicos. No puedo moverme. Creo que me he reventando por dentro ¿Bazo, hígado, riñones, páncreas? yo que sé. No puedo moverme. Grito llamando a mi mujer. Cuando me ve tumbado y con la cabeza apoyada en un bordillo, al que me acerqué como pude, grita llorando aún más. Ruth, mi hija pequeña, ejerce de Ginecóloga en un hospital de Madrid. Me mueve el cuello, me mueve la cadera: "te has roto en mil pedazos el codo y creo que tienes una gran fisura en la pelvis", me dice. Subo como puedo a su coche. 46 kilómetros interminables desde ese pueblo conquense hacia Cuenca, la capital. Y empieza la siguiente tragedia (y sus explicaciones,) que quiere contarles a raíz de este enorme golpe que me tiene inmovilizado, pero, por fortuna, no tiene complicaciones de salud interna y, además, me permite escribir.

    Tres cuartos de hora después del golpe. Llegamos al El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, hasta hace poco lleno de enfermos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores.Hospital donde murió mi madre y pasó los últimos días mi padre (lo enviaron a casa a morir como pudo). Hospital donde han muerto muchos muertos de Cuenca y sus pueblos y donde han resucitado muchos muertos que no estaban muertos de Cuenca y sus pueblos. Si Cuenca tiene en la actualidad 56.703 habitantes, hay que sumar muchos miles más de los cientos de pueblos desperdigados por esa provincia tan grande en extensión como perdida en la memoria histórica del Reino de España. Ahora lo estará más. No creo que el AVE, cuya parada en Cuenca está situada a tres kilómetros (3) del centro urbano ¡manda cojones, señores políticos y demás! encumbre a la Ciudad de las Casas Colgadas y del morteruelo.
    leer en ....

    http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/hay_que_caer_de_una_escalera_romperte_el_codo_y_la_pelvis_para_saber_que_no

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