domingo, 1 de abril de 2012

EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES EN CASTILLA LA MANCHA



El desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla la Mancha viene produciéndose en los últimos años, favorecido por políticas de escasez en inversión pública para su mantenimiento.
A ello, a contribuido una legislación vacía de contenido, unas políticas sociales implantadas a base de calendario político y una organización estructural del sistema en torno a un complejo sistema de convenios con administraciones locales, entidades privadas, empresas y bancos, basados en subvenciones públicas que sin duda favorece la rápida desintegración del Sistema y el mantenimiento en los años precedentes de condiciones desfavorables e incluso ilegales de los trabajadores y trabajadoras que componían y componen dicho sistema.
Cabe reflexionar sobre dichos antecedentes para valorar la responsabilidad de los diferentes gobiernos y comprender los acontecimientos que se vienen desarrollando en nuestra comunidad en los últimos meses en torno al desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales.

Por ello, se debe señalar como ya en 2007, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, abría la puerta a la limitación de los servicios sociales a personas en situación de dependencia, poniendo en claro riesgo la atención a personas y familias con autonomía pero con necesidad de apoyo en determinados aspectos de la vida diaria favoreciendo la permanencia en el entorno y dotando de habilidades y recursos a los propios beneficiarios.
Si bien, por el contrario y desde la entrada en vigor de dicha Ley, se ha ido modificando el Sistema de atención básica, creando un sistema de atención paralelo; el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), cuyo requisito previo de acceso es la valoración de “persona dependiente” y cuya fortalecimiento ha provocado la reducción de prestaciones básicas ofrecidas a la ciudadanía que no se engloba dentro del marcado y limitado baremo de acceso a dicho sistema.

Por todo ello, ante de comenzar a hacer un análisis exhaustivo de la situación actual del Sistema Público de Servicios Sociales en CLM, insistimos en la necesidad de abordar los recortes en recursos, prestaciones y derechos que se han venido produciendo en los últimos años.
Así, podemos señalar que:
Ø  Desde 2010 se viene produciendo retrasos en el pago de ayudas económicas individuales ante situaciones de emergencia social (destinadas a cubrir necesidades básicas de alimentación y vestido), o de apoyo a personas mayores, y personas discapacitadas.
Así mismo, y al tiempo, se eliminaban ayudas económicas de carácter individual como son las ayudas de eliminación de barreras arquitectónicas.
Ø  Las prestaciones económicas destinadas para cuidados en el entorno familiar a personas que se encuentran en situación de dependencia, sufren retrasos en el pago desde 2010.
Ø  En los últimos años, en el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha mantenido bajo cotas de precariedad a través de convenios anuales prorrogables con entidades locales y privadas en los que se mantenía la inestabilidad laboral y precaria de los propios trabajadores del servicio y se generaba desigualdad territorial en la atención a los/las beneficiarias debido a la falta de una línea generalizada de organización del servicio a nivel legislativo.
A su vez, desde 2010 existían dificultades para ampliar dichos convenios, lo que generaba que personas cuyo derecho a la prestación se encontraba reconocido, tuvieran que esperar hasta 12 meses para poder ser beneficiarias de la prestación.

Ø  Destacar que al tiempo que se ampliaba el Sistema de protección de Servicios Sociales con nuevas ayudas y recursos aumentando así la carta de prestaciones sociales, las dotaciones presupuestarias para el mantenimiento de  los mismos no se adaptaba a las necesidades, por lo que en, demasiadas, ocasiones, dichas prestaciones básicas han sido y continúan siendo prestadas de forma precaria por lo profesionales, llegando incluso a atender a la ciudadanía en los propios coches oficiales en las plazas del pueblo debido a la falta de equipamientos adecuados, hecho que se viene agravando desde que en 2011 el gobierno regional decidiera no aprobar convocatoria de subvenciones a entidades locales para equipamiento y mantenimiento de Centros Sociales.

Y a todas estas situaciones, hemos de añadir el discurso demagógico que se ha venido proclamando desde el gobierno regional a partir de Mayo de 2011 a través del cual, mientras en los medios de comunicación se manifiesta el deseo de mantener, mejorar y reforzar el sistema de protección social de servicios sociales; por el contrario, a nivel administrativo y organizativo, se recorta en recursos y prestaciones; se mantiene la situación de impagos de convenios y subvenciones generando así el desmantelamiento progresivo del sistema público bajo la sospecha fundamentada y comprobada de la posterior privatización de los recursos; mientras que se deja de lado a los técnicos que componen el sistema sin instrucciones ni informaciones para poder abordar las demandas de la ciudadanía.

Así, desde la aprobación del mal llamado “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” hemos asistido a la destrucción acelerada del Sistema Público de Servicios Sociales, y que se traduce en los siguientes datos:
Ø  Se ha visto paralizada la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en su aplicación para las personas reconocidas un Grado 1 de dependencia hasta 2013.
Ø  Desde hace más de 6 meses las familias numerosas no perciben ayuda económica y se ha eliminado la ayuda al transporte para este colectivo.
Ø  El servicio de ayuda a domicilio prestado a personas que no se encuentran en situación de de dependencia, se ha visto reducido en un 47% en 2012.
Ø  Han desaparecido los Servicios de Atención y Mediación Intercultural en toda la provincia, lo que ha supuesto el despido de 17 profesionales.
Ø  La JCCM ha destruido la figura profesional del Animador Sociocomunitario provocando el despido de 18 profesionales.
Ø  En la actualidad, tres áreas de Servicios Sociales no han firmado el convenio con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para la prestación de los Servicios Sociales de Atención primaria, lo que merma la atención a la población y supone el despido de 13 profesionales.
Así mismo, existen otras áreas en las que los profesionales continúan trabajando sin percibir retribución alguna a falta del pago de convenio de 2011 y el desconocimiento de la cuantía aprobada al respecto para 2012.
Ø  Centros de la Mujer:
o   Se han reducido 21 profesionales de los diferentes centros. En todos ellos se ha eliminado la figura profesional del trabajador social y se han reducido las jornadas laborales a 32  horas.
o   La casa de acogida para víctimas de violencia de género ha visto reducido su personal en una educadora, de las cinco que había en 2011.
Ø  Numerosas entidades privadas, asociaciones y entidades locales no han percibido las subvenciones de 2011 ni de 2012, lo que está poniendo en riesgo numerosos recursos y proyectos de protección, como son: viviendas tuteladas para mayores, centros de día, viviendas y recursos para personas en discapacitadas, comidas a domicilio, ludotecas, etc.          
Así mismo, estos impagos han producido numerosos despidos e impagos a trabajadores y trabajadoras.
Ø  Este Plan, modifica la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM en los siguientes aspectos:
o   Introduce el copago en el Servicio de Teleasistencia
o   Limita el transporte adaptado en estancias diurnas y nocturnas a aquellas personas que vivan solas y no tengan familiares que puedan ayudarlas.
o   Al modificarse el artículo 40 de la Ley, se da paso a la privatización a través de la gestión indirecta de prestaciones básicas del sistema.

Por todo ello, los profesionales de Servicios Sociales nos encontramos en la obligación de dar a conocer y denunciar la actual situación que está generando graves desigualdades sociales y desprotección de la ciudadanía de Castilla la Mancha.

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